Opinión en Cuestión

noviembre 30, 2009

La comunicación política en el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas

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Por Nigromante

Tercera Parte

LA DESMOVILIZACIÓN

Por su puesto que entre los trabajadores y líderes del sindicato la decisión presidencial generó rechazo principalmente porque perdieron sus empleos, sin embargo, les fueron ofrecidas condiciones excepcionales de liquidación, así lo anunció el Secretario del Trabajo, Javier Lozano: “20 días por año de antigüedad, una compensación adicional de 14 días de salario integrado por año de antigüedad a aquellos trabajadores de más de 15 años de trabajo; una indemnización de tres meses de salario integrado conforme a la LFT; pago de fondo de ahorro de lo acumulado en el año; el aguinaldo proporcional; las vacaciones proporcionales no devengadas y otra indemnización por año laborado de 20 días del salario integrado por cada año de antigüedad; una indemnización por extinción de la empresa de tres meses adicionales de salario integrado y una prima adicional de antigüedad de 24 días de salario mínimo por cada año de antigüedad en términos de la LFT y un impacto gradual según el pago formal a cada trabajador de 10 por ciento más para los que tienen menos de seis años de antigüedad; 20 por ciento, hasta 11 años de antigüedad; 40 por ciento hasta 21 años; 60 por ciento para quienes tengan menos de 26 años y 80 por ciento para quienes superen esos años de laborar”. En promedio recibirían hasta 33 meses de salario.

       A pesar de esas condiciones de liquidación, nada repara el perder el trabajo sólo otro trabajo, pero duele más cuando el trabajo que se pierde tenía prestaciones excepcionales como las que había para los trabajadores del Luz y Fuerza del Centro. Por ello, según anunció el Secretario de Hacienda, Agustín Carstens, el costo global de las indemnizaciones sería de 16 mil millones de pesos, aunque la cifra podría subir a 20 mil millones, de aceptarse las condiciones descritas por Lozano. A pesar de ello 20 mil millones era poco en comparación a los 300 mil millones de pesos que el gobierno les hubiera tenido que dar en la presente administración.

       Pero también esta inusitada forma de liquidación, que todos desearíamos en caso de despido, tenía como objetivo político el evitar la movilización de los trabajadores, esto es, neutralizar la base del sindicato, dividirlo. En el mismo tenor está que para quienes aceptaran la indemnización podría haber probable recontratación, pero bajo un nuevo esquema de productividad. Todo ello forma parte de una estrategia.

       En síntesis, el gobierno planeo y ejecuto una serie de medidas para evitar un posible brote de resistencia que complicara las cosas, por otro lado, el sindicato no pudo articular apoyos importantes ni crear redes de respaldo importante, sólo lo obtuvo de aquellos “profesionales” de la protesta que lo mismo aparecen en un mitin de López Obrador, que en la marcha del 68, pidiendo justicia por los muertos durante la guerra sucia o porque no se privatice la UNAM. En tanto, la fuerza del sindicato quedó evidenciada, en cuanto a la movilización del 11 de noviembre, no tuvo las repercusiones esperadas, sí fueron muchas personas, la del SME principalmente, pero hasta ahí. Este es su brazo más fuerte. La otra vertiente de la lucha, la legal, es el brazo débil (logró un amparo) y el que están a punto de amputar (no procedió el juicio de inconstitucionalidad).

      En conclusión: el gobierno implemento una estrategia de comunicación política efectiva, el mensaje no pudo ser distorsionado porque fue claro, tenía como base puntos específicos de productividad, con ello se neutralizo el discurso del sindicado (la única bandera que le queda es la de privatización) y las ofertas de liquidación fueron lo suficientemente atractivas para que cerca del 60% de los electricistas recibieran su liquidación voluntaria. Por mucho esta ha sido la primera decisión del Gobierno de Felipe Calderón que cuenta con legitimidad.

        Al SME le queda agotar los recursos jurídicos (que no le quedan muchos), lo que se ve muy difícil que ganen porque, aunque les asista la razón jurídica, las instancias judiciales superiores no gozan de suficiente independencia. Lo otro es recurrir a la movilización permanente, pero hasta cuándo resistirán los electricistas sin trabajo ni salario, cómo sostener la movilización, de dónde obtendrá los recursos (porque no son suficientes las “vaquitas” de los legisladores perredistas). O la última es la radicalización, pero eso a nadie le conviene, menos al SME que busca revertir el decreto, hacerlo le daría un buen pretexto al gobierno para reprimirlo y el gobierno federal ha demostrado no tener escrúpulos en hacerlo.

        A los partidos de izquierda les conviene respaldar al SME principalmente porque les pueden significar hacerse de base social que tanta falta les hace; en tanto el PRI guardo silencio y sólo dijo estaría atento para que no se preste a malos manejos la utilización de la fibra óptica; el PAN por obligación tiene que respaldar al Presidente; finalmente, la sociedad se ha inclinado a favor de la decisión del Presidente Calderón.

 Al parecer este asunto ya dio de sí.

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noviembre 10, 2009

La comunicación política en el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas

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Por Nigromante

-Segunda parte-

La comunicación Política

La comunicación política es la que se establece entre el gobierno y sus gobernados, el proceso necesariamente emana de arriba hacia abajo, pero no de abajo hacia arriba, la principal razón por la que el proceso de comunicación política sea así es la falta de mecanismos por los cuales los ciudadanos puedan comunicarse con sus gobernantes. Simplemente no existen.

La principal característica de la comunicación política y que la diferencia de cualquier otra, es su carácter de pública, esto es, está dirigida a todos y tiene como principal objetivo el de comunicar decisiones que ha tomado el gobierno y que se consideran importantes, trascendentales, aunque también hay la comunicación permanente de las instituciones que tiene por objeto difundir sus funciones, logros y programas, para ello toda dependencia tiene un presupuesto destinado a comunicación social.

Bajo este marco, la estrategia que estableció el gobierno federal para dar a conocer la extinción del organismo paraestatal conocido como Luz y Fuerza del Centro fue correcta y pertinente. No sólo eso, sino el momento también fue el idóneo, porque fue después de un partido de fútbol de la selección mexicana, lo que sirvió de distractor, así como el hacerlo en sábado por la noche cuando en las instalaciones no había muchos trabajadores.

En tanto, los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias, dieron a conocer el momento de la ocupación de las instalaciones de la compañía sin resistencia alguna, lo que ayudo a disminuir la suspicacia sobre una posible irrupción violenta y tomo por sorpresa al sindicato, aunque este tipo de decisiones siempre se filtra la información y ya para entonces varios líderes del SME conocían de antemano la existencia del decreto.

La clave de la comunicación política fue la claridad de la exposición de motivos del decreto ya que fungió como marco sobre el que se desenvolvió la discusión, esto es, se oriento la discusión sin dar pié a interpretaciones y se sujetaron a él todos los funcionarios de las dependencias implicadas en la decisión (SEGOB: Fernando Gómez Mont, SENER: Georgina Kessel, SHCP: Agustín Carstens, STyPS: Javier Lozano), esto es, fue su guión.

BlogTambién las televisoras que cubrieron ampliamente la noticia ayudaron porque la difusión tuvo como base los números del Diario Oficial, acompañándolos de algunas entrevistas a los directamente implicados y de analistas que trataron de profundizar cuestiones que se dejaban de lado en el decreto por lógica, como la intentona de privatizar, los intereses alrededor de la fibra óptica, las relaciones sindicato y gobierno, la corrupción, el mal servicio, etc. Aspectos que fueron muy bien explotados y que incidieron para crear una opinión pública favorable a la decisión del Presidente.

En suma, la estrategia dejó cerca de 12 horas para observar el desenvolvimiento de la opinión pública, hasta que el Presidente salió a dar su mensaje a la nación (domingo, 11 de octubre), para entonces había más aceptación que rechazo entre amplios sectores económicos, políticos y sociales sobre la decisión que había tomado el gobierno sobre Luz y Fuerza del Centro. El mensaje fue explicativo y aclarativo, sobre lo primero repitió la conveniencia de su extinción y garantizo la continuidad del servicio, sobre lo segundo, despejo las dudas siendo enfático en que no se privatizaría el servicio eléctrico y que la indemnización a los trabajadores sería conforme a la Ley Federal del Trabajo (LFT) y al Contrato Colectivo, asimismo, garantizo el pago puntual a los jubilados.

La estrategia continuó con spots que enfatizaban las razones de la extinción de LyFC así como en otros ponía especial atención en el respeto a los derechos de los trabajadores ofreciendo sustanciosas ventajas en su indemnización. Tampoco cesaron las entrevistas a los funcionarios públicos que reivindicaban la decisión presidencial y se le restaron entrevistas a los líderes de SME, en cambio se aumentaron la de voceros que se congratulaban con la decisión.

En síntesis, la decisión tuvo legalidad, que no podía ser de otra forma, pero también contó con legitimidad: aceptación entre la población, grupos de interés, amplios sectores y un fuerte respaldo ciudadano hacia la decisión del Presidente. Y todo producto de una comunicación política bien llevada y fundamentada. Todo ello deja en claro que se pueden tomar decisiones de gran envergadura sabiéndolas comunicar, aunque su verdadera fortaleza de fondo está en el acuerdo político.

noviembre 4, 2009

La comunicación política en el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas

Filed under: Uncategorized — nigromante1 @ 8:35 pm
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-Primera Parte-

LOS HECHOS

Las irregularidades en la elección interna, realizadas entre el 16 y 26 de junio de 2009, para elegir Secretario General en el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) fue el origen del conflicto que terminó con el decreto por el que desaparece el organismo paraestatal Luz y Fuerza del Centro (LyFC). El principio de fin lo inició el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, cuando negó la toma de nota (reconocimiento) a Martín Esparza Flores bajo el argumento de haber “inconsistencias” en el proceso electoral, entre ellas, el haber más votos emitidos (12 mil 399) que votantes (8 mil 572 agremiados) y diversas listas de electores con discrepancias. Y al no haber dirigencia reconocida el gobierno retuvo las cuotas al sindicato. Producto también del proceso interno fueron las acusaciones de fraude, soborno y cohecho de Alejandro Muñoz, entonces tesorero del SME y perdedor de la elección.

Las cosas empezaron a enrarecerse cuando Martín Esparza reviró denunciando que el entonces secretario particular de Felipe Calderón, ahora diputado y presidente del PAN, César Nava, estaba detrás de la disidencia en el sindicato encabezada por Alejandro Muñoz al cual, por medio del Director de LyFC Jorge Gutiérrez Vera, le fueron entregados 60 millones de pesos. Asimismo, alegó que el objeto último de todo era la privatización de la paraestatal y como prueba de ello dio a conocer la existencia de acuerdos del gobierno con ciertos grupos para explotar la red de fibra óptica necesaria para operar el servicio de voz, imagen e internet conocido como “triple-play” (negocio que pretende Televisa y Movistar –dirigida por el ex secretario de hacienda Francisco Gil Díaz-).

Las cosas empezaron a subir de tono con la amenaza de huelga y con ello la posibilidad de bajar el switch por parte del SME, en respuesta, el Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, los atajó aludiendo que el gobierno garantizaría la continuidad del servicio mediante la ocupación temporal de las instalaciones hasta el grado de llegar aplicar la requisa (como en los viejos tiempos del PRI).

Los intereses se movieron y los dirigentes también para pedir respaldo a favor del SME, al PRD y PT se le sumaron las organizaciones de mineros, telefonistas, de la UNAM, bachilleres, maestros, etc. Empezaron aflorar los argumentos desfavorables contra la empresa y el sindicato: problemas técnicos, operativos, financieros y administrativos. Los rumores de su desaparición eran cada vez más fuertes, pero el escepticismo era mayor: el gobierno no se atrevería.

La noche del 10 de octubre el Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, mandó ocupar las instalaciones de la compañía de LyFC, así lo reconoció él, como medida precautoria para la ejecución del decreto publicado en edición extraordinaria del Diario Oficial de la Federación por el que extingue el organismo desconcentrado. El principal argumento, según se desprende del documento, fue la notoria ineficiencia operativa y financiera del organismo lo que ya no era conveniente para la economía nacional ni para el interés público. Algunos datos del diagnóstico (exposición de motivos del decreto) fueron:

• Que en la presente administración la transferencia de recursos a la paraestatal podría alcanzar los 300 mil millones de pesos.
• Que los costos de la empresa ($433,290 millones de pesos) casi duplican a sus ingresos por ventas ($235,738 millones de pesos), en un periodo comprendido entre 2003 a 2008.
• Que el organismo registra un pasivo laboral de 240 mil millones de pesos, de los cuales solamente 80 mil millones corresponden a trabajadores en activo y 160 mil millones al personal jubilado.
• Que las pérdidas de energía de LyFC (30.6), es superior en casi 3 veces al que presenta Comisión Federal de Electricidad (10.9).
• Que en 2008 LyFC perdió 32.5% de la energía que compra y genera para vender, que en dinero son casi 25 mil millones de pesos, lo que representa 52% de los ingresos totales por ventas del organismo.
• Que a diciembre de 2008 no atendió diversas solicitudes de prestación de servicio que, en su conjunto, representan el doble de la demanda en Acapulco.

Otros argumentos de productividad dados a conocer días después fueron:

• Que en la CFE hay 1 trabajador de distribución por cada 627 usuarios, en LyFC hay un trabajador por 291 usuarios,
• Que en CFE la relación es de 2 mil 500 megavatios-hora vendidos por cada trabajador, en LyFC es de apenas 730, que los 300 mil millones de pesos que le hubieran sido transferidos al organismo eran equiparables a la partida destinada al programa Oportunidades, 2 veces el presupuesto de la UNAM o el financiamiento de la construcción de 1.2 millones de casas
•Que en promedio los trabajadores de LyFC se jubilaban a los 50 años y recibían 3.3 veces el salario de un trabajador en activo.
• Prestaciones onerosas en el contrato colectivo de trabajo, como el incremento en el número de trabajadores que no era porque el servicio lo necesitara sino porque así lo exigía el contrato colectivo.
• Entre otros como la pérdida por robo, fallas técnicas, corrupción, ineficiencias

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